Periodismo de Opinión
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Conocida fue y es la práctica de robo de menores durante la dictadura cívico militar encabezada por Videla, como también la creación de entidades que han trabajado para recuperar a esas personas que crecieron con familias receptoras sin importar el origen. Las “Abuelas de Plaza de Mayo” desde hace 47 años son referencias de la solidaria e humanitaria, por la dedicación para rescatar a las víctimas devenidas de asesinatos o secuestros de sus padres y madres, constituyendo delitos de lesa humanidad. Asimismo desde el Estado se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), institución oficial que fuera desmantelada por orden del presidente Javier Milei, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, cuyas funciones eran “la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar”. Comentario que se suma a la escena de la reciente visita a genocidas presos por delitos de lesa humanidad, alojados en la cárcel de Ezeiza. La que realizaron hasta ahora impunemente, diputados del oficialismo nacional (LLA) con el fin de dar continuidad a la gestión para lograr la prisión domiciliaria. Claro ataque a la concepción de la “memoria” respecto del proceso deshumanizado que el golpismo militarizado profundizara a partir de marzo del 76. De ahora en más por la decisión del gobierno nacional, la CONADI pierde la Unidad Especial de Investigación (UEI), y por ende impedida de intervenir en investigaciones en los archivos del Estado para la búsqueda de los apropiados ilegalmente desde, como lo ha hecho desde casi 50 años. Sobre el tema la titular de la entidad, Estela de Carlotto, dijo que “Esto es totalmente maligno. Están deshaciendo una institución de muchísimos años. Es una vejación más que hace este gobierno a los derechos humanos”. Durante 2024 desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se estuvo trabajando hasta lograr el vaciamiento de la CONADI, considerando la ministra Bullrich que se trataba de una entidad política y militante. Colaboró en este proceso el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, preparando los escritos para el proceso que desbaratara la institución claramente odiada por los que simpatizan con las acciones de la dictadura referida. Entre otros aspectos los libertarios justifican la decisión, alegando que desde el Poder Ejecutivo no se debe investigar, siendo ello tarea del Ministerio Público Fiscal para lo que han consignado que “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”. Paradójicamente Milei por Decreto adjudicó $ 10.000.000.000 para financiar la SIDE que tampoco dependerá del ámbito fiscal, y paradójicamente, de la presidencia.150824 |
